Por Accesibilidad Electrónica se entiende la superación de las barreras y dificultades técnicas con las que se encuentran y sufren las personas con discapacidad y otros grupos cuando intentan tener igualdad de condiciones en la Sociedad de la Información. Esta noción forma parte del concepto más amplio de «Inclusión Digital», que trata también otros tipos de barreras de carácter económico, geográfico o educativo.

La Accesibilidad Electrónica es actualmente tema de recurrente aparición en las últimas leyes y proyectos de ley en España (Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos recientemente aprobada o el proyecto de ley de medidas de Impulso de la Sociedad de la Información).

A nivel europeo, en el contexto del Año Europeo para la Igualdad de Oportunidades, se ha impulsado la futura legislación sobre la accesibilidad que pretende destacar la importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en relación con la participación económica y social de las personas con discapacidades o limitaciones funcionales, los derechos de accesibilidad electrónica en el marco de la legislación competente de los Estados miembros y la determinación de carencias que requieran adoptar medidas.

El Comité Económico y Social Europeo, consultado por la Comisión, considera que deben adoptarse una serie de acciones, a nivel comunitario, para reforzar la coherencia de la legislación vigente, completar con carácter horizontal la accesibilidad digital y adoptar medidas no vinculantes sobre la accesibilidad digital que mejoren la calidad de vida de las personas.

A tal efecto, el 26 de febrero de este año, emitió un dictamen en respuesta a la solictud de la Comisión que ha sido publicado en el DOCE con fecha de 27 de julio de 2007.

En dicho dictamen, el CES determina que las acciones comunitarias que persiguen la inclusión en el ámbito de la sociedad de la información deben tener enfoque global, aunque considerando especialmente a los colectivos que necesitan una especial atención para su inclusión adecuada dentro de la Sociedad de la Información, tales como el de las personas de edad o las personas con discapacidad.

Además de mejorar los derechos de los ciudadanos y en aspectos económicos las economías de escala, el funcionamiento del mercado interior, la competitividad en sectores clave y la innovación, la futura legislación alineará la previsible diversidad y fragmentación de los enfoques de los Estados miembros causa determinados problemas, especialmente derivados de la diferente transposición de las Directivas.

Personalmente, creo que es importante, a la vez que destacable, que se pongan todos los medios necesarios para disminuir los obstáculos para las personas con capacidad o limitaciones funcionales, tanto por parte de los Estados Miembros (en nuestro caso del Gobierno de España y sus instituciones) como por parte de la UE.

No hay que olvidar que en España hay aproximadamente entre un 10% y un 12% de personas con discapacidad y toda acción en este ámbito es poca, aun cuando fundaciones como SIDAR, el Centro de Referencia en Accesibilidad y Estándares Web de INTECO o AENOR y su certificación de accesibilidad para contenidos en la Web hayan estado trabajando para fomentar la accesibilidad y crear un foco de conocimiento al respecto.

Terminará a final de este mes el plazo para fijar la remuneración compensatoria por copia privada (comúnmente conocido por todos como “canon“), que gravará aquellos aparatos y soportes digitales considerados lesivos de los derechos de los autores, según se establece en la nueva Ley de Propiedad Intelectual que se aprobó recientemente este año pasado y de la que ya dimos habida cuenta aquí y aquí.

Como ya comentábamos hace algo menos de un mes, las entidades de gestión de derechos de autores han solicitado a las empresas tecnológicas 1.200 millones de euros anuales para compensar las pérdidas que provocan las copias privadas, dificultando así cualquier principio de acuerdo sobre el canon a aplicar sobre los productos digitales.

Por ello, parece que serán los Ministerios de Cultura e Industria los que finalmente van a tener que fijar los productos y soportes digitales sujetos a la remuneración compensatoria y su cuantía, mediante orden ministerial.

Los principios de acuerdo en la tasa correspondiente a las memorias fotográficas y con conexión USB (pen drives), o en el caso de las grabadoras de CD-R, han quedado en “agua de borrajas” y rota la negociación las discrepancias entre las partes se han agudizado públicamente, con fuertes declaraciones entre AETIC y SGAE.

La situación, no obstante, no es exclusiva de España, sino que, por contra, la Directiva comunitaria 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la Sociedad de la Información, la hace extensible a todos los Estados Miembros.

Su caracter de “directiva“ le dota de flexibilidad de su utilización ya que establece una obligación de resultado pero deja libertad a los Estados con respecto a los medios para alcanzarlos, es decir, no son de aplicabilidad directa en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros hasta que se realiza una trasposición al Derecho nacional de cada Estado.

Sin embargo, el principio de armonización de los derechos de autor en toda la UE se ha desvirtuado en este caso, ya que al establecerse términos como “remuneración justa” por copia privada, se ha permitido que cada país legisle con independencia qué es “justo” según su criterio y sobre qué dispositivos le es aplicable.

En el caso español, se estima que los consumidores terminarán pagando unos 2.000 millones de euros anuales por el canon, aplicado sobre los siguientes productos:

• CD-r/rw audio y datos y grabador
• Minidisc
• Tarjetas de memoria
• DVD-r, +r, rw, DVD RAM y grabador
• Reproductor MP3 e iPods
• ¿Teléfono móvil?
• ¿Discos duros y dispositivos que los contegan (descodificadores TDT)?

Lo que está claro es que el incremento del precio de algunos de los anteriores será inapreciable, mientras que para otros no lo será tanto.

Y personalmente me queda la duda de si por parte de las entidades gestoras de derechos de autores se pretende que realmente se pague sólo por la copia privada o quiere establecer un “arancel” en previsión de la piratería.

Espero que, sea como fuere, el mecanismo de recaudación y posterior distribución a los autores será totalmente trasparente, para así dar respuestas ante las críticas del comisario europeo Charlie McGreevy sobre cierta “falta de trasparencia”.

Lo que está claro es que tras el fracaso de la negociación entre las partes será la orden ministerial la que finalmente establecerá la lista de productos y tarifas del canon…

Tanto ayer como hoy, he podido ver en televisión y en medios de prensa (20minutos, El País, El Mundo) la noticia sobre un nuevo decreto que permitirá a los funcionarios de la Administración General del Estado hacer un 40% de su jornada laboral semanal desde casa en régimen de teletrabajo.

Esta noticia se enmarca dentro de los resultados del Plan Concilia expuestos por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el pasado 28 de febrero de 2007, y al hilo de las manifestaciones que ya realizó Jordi Sevilla el pasado 16 de mayo de 2006 durante su participación en el Foro “Europa Press”, donde anunció que «propondría a los sindicatos la extensión del teletrabajo a la Administración General del Estado en aquellos puestos dónde sea posible y pueda contribuir a una mejor conciliación de la vida familiar y laboral y a la mejora del cumplimiento de los objetivos del puesto de trabajo».

Para aquellos que no lo conozcan, el Plan Concilia es el plan integral para la conciliación de la vida personal y laboral en la Administración General del Estado, que establece un paquete de medidas que buscan fórmulas de conciliación para el caso de los empleados públicos, como son horarios flexibles para cuidado de niños, ancianos, etc.

Entre esas medidas se encuentra también el teletrabajo, concepto surgido en los años 70 en Estados Unidos como una nueva forma de organización en la que el empleado desempeña su labor con resultados óptimos desde un lugar distinto a la empresa.

Un ordenador portátil y un teléfono móvil son suficientes para conseguirlo. Sin embargo y a pesar de las ventajas de esta modalidad, no está lo suficientemente implantada en España, donde apenas el 4,9% de la población activa recurre al teletrabajo, frente al 13% que alcanza la media de la Unión Europea.

En el contexto del mencionado Plan Concilia, el Ministerio de Administraciones Públicas llevó a cabo entre el último trimestre de 2005 y el primero de 2006 una experiencia piloto de teletrabajo con 30 funcionarios voluntarios, desarrollándose el siguiente manual de implantación de programas piloto de teletrabajo.

Según se recoge en el informe, «los resultados han sido positivos tanto para los trabajadores participantes, como para los responsables de las áreas donde se ha llevado a cabo este programa. Un 77% de los funcionarios participantes se mostraron satisfechos o muy satisfechos con la experiencia y un 73% consideró que la calidad de su trabajo se mantuvo sin cambios e, incluso, en un 19% que aumentó».

Las condiciones para acogerse no están todavía definidas (salvo haber cumplido dos años de antigüedad en la Administración) y está claro que algunos servicios no se podrán realizar desde casa, como por ejemplo, la atención en ventanilla.

La medida se enmarca en el impulso y extensión al ámbito del empleado público de las actuaciones legislativas que a nivel general se realizaron en la ley 39/1999, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, y la, todavía en tramitación parlamentaria, proposición de ley de medidas para mejorar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

Hay quien las verá como una “forma de trabajar menos para los funcionarios“, pero ese mismo argumento se ha venido usando desde la empresa privada para con sus trabajadores y creo que supone un freno absurdo a que se alcancen resultados como el de IBM y su “Plan Mobility”, que ha cosechado varios premios por su política de flexibilidad y su apuesta por el teletrabajo.

Siempre he pensado que quien no quiere trabajar, no lo hace y únicamente tiene que “parecer que” (hay máquinas de café que podrían dar fe de ello), por lo que el teletrabajo me parece una buena alternativa tanto para el sector privado como para el público.

Según informaba el pasado viernes el diario Expansión, las entidades de gestión de derechos de autores, entre ellas la Sociedad General de Autores (SGAE), solicitaron a las empresas tecnológicas 1.200 millones de euros anuales para compensar las pérdidas que provocan a los titulares de derechos del ámbito audiovisual (música y películas) las copias privadas de obras originales que realizan los consumidores.

Esta cifra multiplicaría casi por quince la cantidad recaudada en España el pasado año, cerca de ochenta millones de euros, en concepto de canon en CD y DVD.

Las importantes diferencias que mantienen ambos sectores hicieron imposible el pacto, por lo que serán los Ministerios de Industria y Cultura los encargados de fijar las tasas y productos digitales sujetos a este gravamen.

Por el momento, al menos, han alcanzado un punto de acuerdo en fijar un canon de 1,17 euros sobre los reproductores de MP3 (más un suplemento en función de la memoria), si bien todavía discrepan sobre la fecha a partir de la cual se impondrá el canon.

Ambas partes también alcanzaron un principio de acuerdo en la tasa correspondiente a las memorias fotográficas y con conexión USB (pen drives), con un valor de 0,33 euros por los equipos superiores a 10 gigabytes (GB). También hay acuerdo en el caso de la grabadora de CD-R formato audio y minidisc portátil: 1,17 euros por aparato.

Un tema pendiente son los descodificadores de la Televisión Digital Terrestre (TDT) con disco duro, negociación pospuesta hasta que el mercado supere las cien mil unidades de venta.

Finalmente, a añadir al terreno de las discrepancias, está el hecho de que mientras que las sociedades de gestión de autores quieren que se aplique el canon desde que entró en vigor la LPI (el pasado 22 de junio de 2006), los empresarios del sector tecnológico quiere que se aplique a partir de la Orden Ministerial que desarrollará este aspecto, y que está prevista para el próximo mes de abril.

“1 de marzo, día sin móviles para protestar contra las operadoras” es el lema que lleva unos días circulando por Internet como protesta frente a la subida de tarifas.

En la web www.boicot.es.kz se recogen los principios de la protesta que se cita en numerosos foros y blogs, y que pide a los consumidores que el 1 de marzo «no se utilice el móvil para nada que no sea de extrema urgencia».

De forma muy resumida, el motivo principal es la subida de tarifas de las principales operadoras de telefonía móvil (Movistar, Vodafone y Orange) que entrará en vigor justamente el 1 de marzo, subidas que afectan al establecimiento de llamada que sube de 12 a 15 céntimos de euro y al precio por minuto con subidas entre un 15% y un 20%.

Cuando menos es curioso que el incremento de las tarifas de móviles se haya producido coincidiendo con la obligación de las operadoras, en cumplimiento de la Ley 44/2006, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, en cuyo artículo 1.14 establece la eliminación del redondeo al alza «en el tiempo consumido o en el precio de los productos o servicios o cualquier otra estipulación que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva».

Entre las grandes operadoras, los únicos no afectados serán los clientes de Yoigo que no incrementará los precios de sus llamadas a partir del 1 de marzo ni incrementarán el coste de establecimiento de llamada, que seguirá siendo de 14 céntimos de euro (IVA incluido) con lo que Yoigo estima que sus clientes se ahorrarán entre un 10 y un 20% en el coste de sus llamadas.

La valoración que hacen las asociaciones de consumidores, entre ellas la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), es que «está claro que las principales compañías, que aglutinan al 99% de los usuarios, han llegado a un acuerdo», y en el caso de Yoigo «es una postura lógica, ya que acaban de llegar al mercado y está intentando captar nuevos clientes».

Por otra parte, es destacable que los principales Operadores Móviles Virtuales (Euskaltel y Happy Movil) han seguido el camino de las principales operadoras, y sólo Carrefour se desmarcará manteniendo sus precios.

El Servicio de Defensa de la Competencia tiene ahora la palabra ya que ha abierto una investigación a raíz de las quejas recibidas por parte de la OCU y Facua.

Asimismo, el Ministerio de Industria ha solicitado informe a la CMT sobre las nuevas tarifas anunciadas, si bien esta misma semana el presidente de la misma, Reinaldo Rodriguez, declaraba que la nueva Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios «perseguía la transparencia y no la reducción o incremento de precios».

Las grandes operadoras se defienden, alegando que el precio de establecimiento actual incluía dos conceptos, establecimiento y coste del primer minuto, estando de hecho por debajo del coste real de establecimiento.

Además, la acusación de “pacto” por la igualdad de precios ha surgido con la ley del redondeo cuando hasta ahora no ha habido quejas y todas cobraban lo mismo.

¿Hay pacto o no? ¿Qué opinais de la medida?

Continuando el post anterior, expongo a continuación el camino recorrido por la directiva y sus implicaciones.

Recomiendo para el que desee más información la consulta de la Wikipedia, la lectura de la directiva inicial y la finalmente aprobada.

La versión inicial, presentada en enero de 2004 por el ex-comisario europeo Frits Bolkestein, fue duramente criticada al establecer el llamado ‘principio de país de origen‘.

Dicho principio establecía que los operadores trasnacionales sólo se atendrían a la ley del Estado donde radica la sede de la empresa y no a la ley del Estado donde se presta el servicio.

De este modo, el país de origen se convertía en responsable del control de los prestatarios de servicios, aunque el beneficiario resida en otro Estado miembro.

En opinión de los sindicatos y partidos de izquierdas europeos, este aspecto supondría una amenaza a los logros alcanzados en política laboral en algunos países europeos (por ejemplo, Alemania o Francia).

Además, se vislumbra una “perversión” del objetivo dinamizador de la directiva al incitar a los prestadores de servicios a establecer filiales sólo en los Estados miembros que aplicasen protecciones sociales limitadas.

El clima de movilizaciones y malestar, ha llevado a considerar a algunos analistas que una de las claves del ‘no’ a la Constitución Europea en los referendos francés y holandés, podría estar de hecho en esta directiva.

En esta situación, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE enmendaron el alcance de la directiva este año, en febrero y mayo respectivamente, hasta alcanzar la versión finalmente sancionada ayer en la Eurocámara.

La directiva aprobada consagra la libre circulación de las empresas de servicios, pero permite a los Estados restringir la apertura del sector por razones de ‘orden público, seguridad pública, protección al medio ambiente o salud pública’, siempre que no discriminen al hacerlo entre empresas nacionales y europeas.

La lista de exenciones incluye los servicios no económicos de interés general que defina cada país, entre los que se ubican los fiscales, audiovisuales, notariales, de seguridad, de beneficencia, las empresas de trabajo temporal, la salud y los juegos de azar.

Junto a los anteriores, nos encontramos con los llamados servicios económicos de interés general como servicios postales, sector eléctrico, gas, distribución y suministro de agua y gestión de residuos.

A juicio de los eurodiputados, algunos de los principales beneficiarios de la norma serán el sector de las telecomunicaciones, donde la ubicación de las empresas no afecta a la calidad del servicio, y los prestatarios de pequeños servicios de las zonas fronterizas.

¿Cómo creeis que nos afectará a los que trabajamos en este sector? ¿De qué forma afectará al sector de las telecomunicaciones español?

Se pudo leer ayer en casi todos los medios de comunicación la noticia de que el Parlamento Europeo ha dado el visto bueno definitivo a la directiva que liberaliza la prestación de servicios en el mercado comunitario.

Más conocida como la “Directiva Bolkestein” , su redacción finalmente ha terminado incluyendo algunos de los límites impuestos en los casi tres años de su polémica tramitación.

De esta forma, la UE liberaliza con límites el mercado interior de servicios, en virtud del acuerdo alcanzado por los grupos del Partido Popular Europeo, Partido Socialista Europeo (con la excepción del voto en contra de sus eurodiputados franceses) y Partido Liberal.

En contra, los Verdes/Alianza Libre Europea e Izquierda Unitaria Europea presentaron enmiendas de rechazo total a la directiva pero apenas obtuvieron un centenar de votos.

La norma, que deberá ser transpuesta en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros en un plazo de tres años, pretende reducir los trámites burocráticos que afrontan las empresas de servicios cuando quieren operar en países distintos al de establecimiento, incluso si carecen de filiales en ellos.

De esta forma se pretende dinamizar un sector que supone un peso de más del 70 por ciento del PIB de la UE.

Para aquellos que no conozcan la directiva ni su dificil tramitación, expondré en el próximo post un resumen del controvertido proceso y contenido principal de la directiva.

Antes de la próxima entrada en vigor de la Ley de Propiedad Intelectual de la que ya he dado habida cuenta en otros post (1 y 2), voy a hablar del tema por la relevancia que ha cogido últimamente en la blogosfera.

Primero fue el Grupo Prisa (editora entre otros de El País, Diario As y Cinco Dias) y ahora UNEDISA (editora de El Mundo). Diferente línea editorial, pero al final coincidencia de opiniones en este caso.

El press-clipping consiste en la elaboración de dossieres de prensa, lo que se ha convertido en nuestro mundo cada vez más digital en la auténtica amenaza para editores y periodistas.

Es considerado una amenaza porque los editores estiman que no han aceptado que se les copie (cediendo sus derechos) y, sin embargo, es lo que se hace, con el agravante de que si esos dossieres digitales reducen la venta de periódicos, se está produciendo lo que los abogados suelen llaman un ‘lucro cesante‘.

El problema y el revuelo deriva de que, según interpretación directa de la ley, desde mañana sábado cualquier medio digital que perciba ingresos por publicidad (unos de los criterios típicos por los que la LSSI estima que se está realizando una “actividad con fines comerciales” en Internet) no podrá realizar “citas” de los diarios mencionados salvo permiso expreso y por escrito del editor, o en su defecto, que perciba una remuneración equitativa.

Tal y como yo lo veo, eso no sólo incluye a las empresas que se dedican al press-clipping, sino a cualquier blogger de la blogosfera que haga referencia a las mismas y que tenga en sus páginas publicidad por la que percibe dinero (¿AdSense?).

Personalmente, entiendo y respeto el derecho de los medios de comunicación citados a interpretar la ley y defender sus derechos como estimen oportuno, pero creo que su medida no va en beneficio de la libertad de información y colaboración que atesora la comunidad blogger (¿os suena Web 2.0?)

En más de un post de la blogosfera han hecho referencia al propio uso que estos medios hacen de las noticias aparecidas en blogs y medios digitales. ¿Falta de coherencia?

Este blog no percibe ingreso alguno por publicidad ni se enmarca en una actividad comercial, por lo que personalmente podré seguir haciendo referencia a sus noticias sin temor alguno.

Además, se podría considerar que soy un medio de propósito “educativo” (junto a la investigación, excluidos por ley de todo lo anterior).

No obstante, me abstendré mucho más de enlazar o reproducir ninguna noticia procedente de los mismos, o de cualquier otro que pueda anunciar en el futuro una política similar, de forma que fomentaré medios con licencias abiertas, que también los hay (veasé 20minutos).

En fin, que la “caja de Pandora” se ha abierto, y al igual que músicos y compositores, ahora los editores y periodistas quieren proteger sus derechos. Mañana, ¿quién sabe?.

Me hago una simple reflexión: si los filósofos y pensadores que han existido hasta nuestra historia moderna hubieran limitado la reproducción de sus ideologías o de muchas de sus universales “citas”, ¿habría avanzado en igual medida nuestra sociedad moderna? ¿no estamos “poniendo demasiadas vallas al campo”?

Como ya comentamos aquí el mes pasado, la nueva Ley de Propiedad Intelectual fue aprobada el 22 de junio en el Congreso, y el Ejecutivo español acaba de publicarla en el BOE este mismo viernes.

La nueva ley es la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril.

En Escolar.net, encontramos reproducida la carta a los socios de la SGAE enviada por Teddy Bautista a propósito de la nueva ley.

Así es, tras su paso por el Pleno del Senado el pasado 24 de mayo, ayer se produjo definitivamente la aprobación de la nueva Ley de Propiedad Intelectual en el Congreso.

Esta nueva ley ha enfrentado más si cabe a entidades de gestión y autores, principalmente entre ellos la SGAE, contra diversas plataformas de usuarios, entre las que destaca Todoscontraelcanon. No obstante, parece que al final la ley no es del gusto de nadie.

La ley entrará en vigor cuando lo indique su publicación en el BOE pero en el plazo de tres meses se establecerá la relación de dispositivos digitales sobre los que se va a aplicar el canon y la cantidad correspondiente.

Según el análisis realizado en 20minutos, las principales novedades frente a la actual ley vigente son:

• Copia privada: el proyecto aprobado aclara que la "copia privada" de una obra debe ser realizada por una persona física para uso privado y a partir del original.

• Canon para soportes digitales: se traslada el 'canon analógico' que desde 1992 se ha aplicado a casetes y cintas de vídeo al mundo digital, como forma de remuneración compensatoria por la copia en soportes digitales. La justificación reside en el mayor impacto económico de la copia privada en el entorno digital.

• Compensaciones para creadores: los creadores y productores obtendrán también una compensación directa por la puesta a disposición de sus obras en Internet.

• Límites en bibliotecas: aunque finalmente no se limitará el número de copias para uso privado, el texto marca unas excepciones a la copia privada en el marco de las bibliotecas, museos y el mundo de la enseñanza.

Por otra parte, según informa El Mundo, la ley "ha salido adelante con el apoyo general de PSOE, PP, CiU, Izquierda Unida y Coalición Canaria, mientras que ERC y PNV se han abstenido".

Los dos ultimos grupos fueron los únicos que destacaron la falta de equilibrio entre los intereses de las partes afectadas (autores, industria, ciudadanos) y la ausencia de mención a las competencias autonómicas.

Como comentábamos, en relación a los dispositivos afectados no está claro por el momento el alcance pero se teme que puede abarcar no sólo a los CD y DVD vírgenes, sino a reproductores MP3, teléfonos móviles multimedia, escáneres, impresoras o lápices de memoria.

Está claro que a pesar de su aprobación en el Congreso, la efectiva implantación de esta nueva ley todavía va a dar que hablar.