Por Accesibilidad Electrónica se entiende la superación de las barreras y dificultades técnicas con las que se encuentran y sufren las personas con discapacidad y otros grupos cuando intentan tener igualdad de condiciones en la Sociedad de la Información. Esta noción forma parte del concepto más amplio de «Inclusión Digital», que trata también otros tipos de barreras de carácter económico, geográfico o educativo.
La Accesibilidad Electrónica es actualmente tema de recurrente aparición en las últimas leyes y proyectos de ley en España (Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos recientemente aprobada o el proyecto de ley de medidas de Impulso de la Sociedad de la Información).
A nivel europeo, en el contexto del Año Europeo para la Igualdad de Oportunidades, se ha impulsado la futura legislación sobre la accesibilidad que pretende destacar la importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en relación con la participación económica y social de las personas con discapacidades o limitaciones funcionales, los derechos de accesibilidad electrónica en el marco de la legislación competente de los Estados miembros y la determinación de carencias que requieran adoptar medidas.
El Comité Económico y Social Europeo, consultado por la Comisión, considera que deben adoptarse una serie de acciones, a nivel comunitario, para reforzar la coherencia de la legislación vigente, completar con carácter horizontal la accesibilidad digital y adoptar medidas no vinculantes sobre la accesibilidad digital que mejoren la calidad de vida de las personas.
A tal efecto, el 26 de febrero de este año, emitió un dictamen en respuesta a la solictud de la Comisión que ha sido publicado en el DOCE con fecha de 27 de julio de 2007.
En dicho dictamen, el CES determina que las acciones comunitarias que persiguen la inclusión en el ámbito de la sociedad de la información deben tener enfoque global, aunque considerando especialmente a los colectivos que necesitan una especial atención para su inclusión adecuada dentro de la Sociedad de la Información, tales como el de las personas de edad o las personas con discapacidad.
Además de mejorar los derechos de los ciudadanos y en aspectos económicos las economías de escala, el funcionamiento del mercado interior, la competitividad en sectores clave y la innovación, la futura legislación alineará la previsible diversidad y fragmentación de los enfoques de los Estados miembros causa determinados problemas, especialmente derivados de la diferente transposición de las Directivas.
Personalmente, creo que es importante, a la vez que destacable, que se pongan todos los medios necesarios para disminuir los obstáculos para las personas con capacidad o limitaciones funcionales, tanto por parte de los Estados Miembros (en nuestro caso del Gobierno de España y sus instituciones) como por parte de la UE.
No hay que olvidar que en España hay aproximadamente entre un 10% y un 12% de personas con discapacidad y toda acción en este ámbito es poca, aun cuando fundaciones como SIDAR, el Centro de Referencia en Accesibilidad y Estándares Web de INTECO o AENOR y su certificación de accesibilidad para contenidos en la Web hayan estado trabajando para fomentar la accesibilidad y crear un foco de conocimiento al respecto.
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